Y, sin embargo, el propio Dahrendorf, si pudiera ver lo que está ocurriendo, defendería que el perfeccionamiento de la democracia no pasa por las acampadas en las plazas. Por muy frustrante que parezca, no hemos hallado ningún mecanismo más efectivo que las instituciones para encauzar nuestras necesidades. En el fondo, lo que los indignados reclaman es más política. Políticos con capacidad para regular mejor el sistema financiero. Políticos con más autoridad en virtud de una representatividad más genuina.

Por eso, tras la lamentable y triste actitud de quienes pretendieron impedir el acceso de los diputados al Parlament, los representantes políticos no deben quedarse en ese episodio, sino afrontar el reto de mejorar la calidad de nuestra democracia, aún a sabiendas de que la tarea no será aplaudida ni lograrán con ella lucimiento alguno. Parece que en Catalunya han decidido volver a ponerse manos a la obra con la ley electoral. La tentación de avanzar solo a medias para hacer ver que se han hecho los deberes es mucha. Una ley electoral que acerque a los políticos catalanes a quienes les votan no es mucho, es sólo un primer paso. Veremos hasta dónde se atreven a llegar.

Las negociaciones entre CiU y PSC para aprobar una ley electoral catalana permiten augurar que en septiembre u octubre será posible llegar a un acuerdo. Otra cosa es hasta qué punto supondrá un cambio notable con respecto al sistema actual. Existe más grado de acuerdo entre los dos partidos a la hora de diseñar un modelo que permita ligar la elección de una parte de los diputados del Parlament al territorio, a una comarca, por ejemplo. Los partidos pequeños saldrán perdiendo en el reparto de escaños.

El principal recelo por parte de los dos principales partidos catalanes en la elaboración de la ley electoral es la eventual implantación de un sistema de listas al menos semiabiertas, para permitir que los electores reordenen a su criterio los nombres de los candidatos. La resistencia de los aparatos de los partidos a esa modificación es notable.