España
está a punto de celebrar las elecciones más
tristes de su historia. Unos van a perder, pero
ya están resignados. En cambio, a los que van a
ganar no les llega la camisa al cuello, y no es
para menos con lo que se les viene encima. Por
su parte, Catalunya acaba de vivir el debate
parlamentario más deprimente de los últimos
treinta años. El Govern sólo puede prometer y
promete austeridad y la oposición quiere
levantar cabeza pero no puede. Los gobiernos
democráticos se han quedado sin margen de
decisión. A lo máximo que pueden aspirar es a
administrar miserias, porque la única estrategia
que se les permite es pagar lo que deben, que es
mucho, con lo que ingresan, que sigue siendo muy
poco. En resumen, la política ha muerto.Y los datos y los organismos internacionales apuntan que vamos a peor. En el 2012 España tendrá que pagar 30.000 millones en intereses y Catalunya más de 2.000. Cuando el PP llegue al gobierno, comprobará que el objetivo de déficit proclamado por sus antecesores no se cumple ni en broma. La Generalitat sólo podrá confiar en que le presten dinero los catalanes de su propio bolsillo. Estamos en campaña electoral y, como en la guerra, la primera víctima es la verdad. La charlatanería quedará superada por la cruda realidad después del 20-N, pero, de momento, observadores financieros advierten que hay déficits generados por infraestructuras absurdas que todavía no se han consignado en el debe del Estado español y que en enero vencen créditos que obligarán a aumentar la deuda y dispararán otra vez la prima de riesgo. Europa seguirá, como hasta ahora, tomando decisiones tarde, mal y nunca, y no aplicando ninguna. En estas circunstancias, la política como la hemos conocido hasta ahora va a sufrir una reconversión que ningún gobierno será capaz de afrontarla por sí solo. De esta situación sólo se sale con todos remando en la misma dirección. El PP obtendrá seguramente una holgada mayoría absoluta, pero será insuficiente para llevar a cabo las medidas dolorosas que exigirán las circunstancias y cambios constitucionales que abocan a una nueva transición más difícil si cabe que la anterior.
En círculos políticos, financieros e intelectuales de Madrid, va ganando terreno la idea de la gran coalición PP-PSOE, que tampoco es suficiente para resolver el problema. Los sectores sociales y los territorios excluidos tomarían inmediatamente la calle. Desde el punto de vista catalán, la realidad pura y dura impedirá a los catalanes seguir pagando al resto de España lo que ya no tienen y España no podrá tirar adelante sin la aportación catalana. La solución, en este caso, sólo vendrá de un acuerdo al hilo de la reconversión del Estado que salvaguarde la singularidad catalana. Para remar todos a la vez, no se ve otra alternativa que gobiernos de concentración en España y en Catalunya. O eso o que salga el sol por Antequera
