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Políticos a la cárcel,

de Fernando Ónega

( La Vanguardia, 9 de junio 2011 )

Un país que prevé exigir responsabilidades penales a los políticos por su mal gobierno es un país serio

En un país de por ahí arriba, creo que Islandia, están juzgando al anterior primer ministro por su desgobierno. Es decir, por conducir a su nación a la catástrofe y no hacer caso de los avisos que recibía. Si se demuestra su culpabilidad, pueden caerle dos años de prisión. En ese país tienen una ley que permite ese acto de justicia y, según se puede comprobar, no se conforman con la doctrina y la tradición de las demás democracias: el mal gobernante paga sus errores en las elecciones, y no hay por qué exigirle otras responsabilidades. Las urnas y la historia son los encargados de juzgarlo.

¿Cuántos ciudadanos del mundo habrán aplaudido esa noticia? No hace falta imaginarlos. Basta con sondear a nuestras familias. Yo me limito a decir –y no quiero señalar a nadie ni a nada– que un país que ha tenido la previsión legal de exigir responsabilidades penales a los gobernantes por hacer un mal uso del gobierno empieza a ser un país serio. Tiene un entendimiento de la función pública como un servicio encomendado por la sociedad, y si el gobernante incumple ese encargo soberano, si defrauda la confianza en él depositada, y si por ineptitud o desidia causa daños a los contribuyentes, se le juzga.

En otras naciones –y sigo sin señalar–, las cosas suceden exactamente al revés. Hay algún malabarista, como el señor Berlusconi, que busca en la política todo lo contrario: la inmunidad y la impunidad por sus acciones dudosas en la vida privada. Y hay algunas fuerzas políticas en España que ponen a sus imputados en las listas electorales, en la esperanza de poder decir que las urnas les han indultado. Están en boca de todos por sus abusos y a veces por sus latrocinios, malversaciones y otras figuras recogidas en los códigos, pero sus partidos les perdonan y hasta los ensalzan por la única y soberana razón de que aportan votos. Algunos de ellos se sentarán estos días en los nobles escaños de los parlamentos regionales.

¿Estoy proponiendo que aquí se juzgue también a los políticos que perjudican al ciudadano? ¡No, por Dios! Una justicia que tiene pendientes más de tres millones de casos sin resolver no puede verse sobrecargada con tanto trabajo. Unas cárceles saturadas no podrían soportar un posible aluvión de nuevos inquilinos. Un sistema que prevé el suplicatorio para los diputados obligaría a que todos los ex tuvieran un escaño por lo que pudiera pasar. Y después, los jueces, su trabajo y su filiación. ¿Os imagináis que haya que procesar a un ex ministro? Entre la presentación de la querella y el juicio podrían pasar cuatro o cinco años. Si lo juzga la Audiencia Nacional, habría un 40% de posibilidades de que el Supremo revisara la sentencia, que es la media actual de sentencias anuladas. Y si después de todo llega al Constitucional, su sentencia final dependería de qué partido tiene la mayoría. Quita, quita: mejor dejar las cosas como están.

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